5-08-1999. Análisis EXTRA del mes de julio de 1999 del Servicio Analítico-Informativo de la RED VASCA ROJA.

CONTRADICTORIO JULIO DE 1999: EL PINCHAZO DE "EL JULIAZO" Y SU TOZUDA PROLONGACION. La consolidación de la mayoría absoluta de los demócratas vascos del Acuerdo Lizarra-Garazi, la excarcelación de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y el establecimiento del Frente Español PP-PSOE-UPN-UA. El ataque al Concierto Económico, el uso de la "Justicia" española como arma de guerra y la continuación de la violencia española contra los vascos. Una hipótesis marxista para la explicación del apoyo de la opinión pública española a sus policías y guardias civiles entre los que son tan evidentes los torturadores, asesinos y narcotraficantes.

La noticia estrella del mes de julio de 1999 en Euskal Herria fue la excarcelación de los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, secuestrada durante más de 20 meses por la "Justicia" española. Y no sólo para los miles de militantes del MLNV que pasamos horas ante las cárceles en la noche del 20 al 21 hasta que nuestra alegría explosionó al recibir en la calle a nuestros compañeros y compañeras de la Mesa y para los cientos de miles de votantes de EH que no pudieron estar allí en el vacacional mes de julio. También fue la noticia estrella para la mayoría absoluta política, sindical y social vasca votante de los partidos firmantes del Acuerdo de Lizarra-Garazi. Y para miles de internacionalistas solidarios que, en el Estado español y fuera de él han protestado durante esos 20 meses contra la inicua sentencia del Tribunal Supremo de España de fecha 29 de noviembre de 1997 que supuso la injusta y anticonstitucional prisión para nuestras compañeras y compañeros.

Buena parte de la "culpa" de esa victoria de la izquierda independentista vasca la había acumulado el elenco de excelentes abogados del Movimiento de Liberación Nacional Vasco cuyo impecable recurso había cerrado al Tribunal Constitucional de España la posibilidad de rechazarlo so pena de cubrir de ridículo e ignominia en Europa al Reino de España. Miguel Castells, José María Elosua, Jone Goirizelaia, Iñigo Iruin, Kepa Landa y Patxi Zabaleta fueron esos abogados.

Hay que añadir inmediatamente que la calidad de ese recurso y la sumisión del Tribunal Constitucional de España al poder ejecutivo han empujado a ese Tribunal a perpetrar OTRA CHAPUZA DE LA "JUSTICIA" ESPAÑOLA. La calidad del recurso y lo inicuo de la sentencia del Tribunal Supremo han hecho imposible no excarcelar a la Mesa. La sumisión ha llevado a retorcer el Derecho y violar la Constitución para no admitir las argumentaciones de los abogados y mantener falsamente que la Mesa cometió un delito pero mal castigado.

Que ello es así no sólo lo decimos las gentes de la izquierda independentista vasca. También lo dicen las voces de algunos expertos españoles, más amigos de la verdad que del Gobierno fascista que ellos también padecen.

Por ejemplo, el juez Joaquín Navarro Estevan, que en un artículo publicado en LA ESTRELLA DIGITAL dice, entre otras cosas, que:

"Acabamos de asistir al espectáculo de la sentencia del Tribunal Constitucional, y de sus votos particulares, en el caso de HB. El Tribunal Supremo fue contra su propia doctrina para condenar a todos los acusados. Eran culpables por el simple hecho de ser miembros de la Mesa. A todos llegaba por el igual el "efecto irradiante" de una decisión que sólo adoptaron algunos de ellos (no se sabe cuáles) porque la asumieron como propia. Y es colaboración con banda armada una mera cesión de espacios gratuitos de propaganda electoral para la difusión de dos vídeos que contenían la "alternativa democrática" de ETA. Es decir: por una actitud ideológica o por el ejercicio, aun radical, de la libertad de expresión, opinión y crítica. Pero el Constitucional avaló esencialmente la sentencia. Quiso quedar bien con el Supremo, con el Gobierno y con la opinión pública y quedó mal con todos, incluso consigo mismo. Pese a la evidencia jurídica, no se quebrantó el derecho a la presunción de inocencia y se cometió un delito de colaboración ideológica con banda armada. Además, el precepto aplicado (que crea inseguridad jurídica y la incertidumbre en los acusados de si actúan legítimamente o están delinquiendo, dada su enorme indeterminación) es constitucional salvo en la pena mínima prevista, que resulta desproporcionada para la liviandad de la colaboración. Por tanto, el Supremo atentó contra el principio de legalidad. Tres jueces de la minoría han atacado duramente la resolución de la mayoría diciendo que invade las competencias del poder legislativo. La objeción es sorprendente pues lo que hace cualquier Tribunal Constitucional, cuando entiende que un precepto es total o parcialmente inconstitucional es, precisamente, invadir el campo legislativo. Cuatro jueces de la mayoría dicen en su voto particular que no estaba probada la participación de los acusados en los hechos y que se pisoteó su derecho a la presunción de inocencia.

Todo desquiciado, retorcido, desventrado. Como corresponde al Derecho de emergencia, donde el proceso es "ofensivo" y no objetivo, donde la dialéctica amigo-enemigo sustituye a la de inocente-culpable y donde los políticos hacen de jueces y los jueces hacen de políticos y de gobernantes."

El texto íntegro de este artículo, que no tiene desperdicio, puede leerse en la web de la RED VASCA ROJA.

No es un caso único. En un artículo publicado en EL MUNDO el 22 de julio pasado por el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat Ordeig puede leerse que:

"Naturalmente que, exactamente igual que hace año y medio, opino que a los miembros de la Mesa de HB se les debería haber otorgado el amparo porque su conducta no estaba tipificada en el Código Penal y porque, por ello, se habría infringido el principio constitucional que exige una lex certa, praevia, scripta et stricta (artículo 25.1 Constitución Española). De ahí que, como decimos los juristas, la sentencia del TC de 20 de julio de 1999 convenza en sus resultados, pero no en su fundamentación."

Aún más. Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, afirmó en un artículo publicado el 27 de julio en EL MUNDO que la sentencia ni siquiera es buena en sus resultados. Escribió que:

"Al final, parece que algunos tenían claro que no había delito de colaboración con banda armada, pero que han tenido que decir que sí lo había, y que la pena que ya habían cumplido los condenados era suficiente y cualquiera superior, desproporcionada. No es lo mismo no cometer delito, que cometer delito menos grave que otros. Por eso la sentencia del TC no se puede justificar, ni tan siquiera, por su resultado."

Añado yo que la sentencia no ha reparado (no podía hacerlo) el daño injusto provocado en los miembros de la Mesa Nacional y en el conjunto de la izquierda independentista vasca por el inicuo proceso y la inicua encarcelación. No podía (y no lo ha hecho) devolver la vida a Eugenio Aranburu. No podía (y no lo ha hecho) repristinar la salud quebrantada de varios de los encarcelados. No podía (y no lo ha hecho) devolverles a todas y todos los largos meses injustos e inconstitucionales de cárcel. No podía (y no lo ha hecho) devolvernos a todos las aportaciones que para Euskal Herria habría supuesto el trabajo en libertad de esas compañeras y compañeros durante tantos meses.

Lo que sí ha hecho la sentencia es hacer evidente el fracaso de la política española del Gobierno del PP encaminada a obtener una victoria militar sobre el MLNV. Guardo, en recorte de papel del periódico, una entrevista que EL PAÍS publicó en la página 22 de su nº del 7 de enero de 1996 a Jaime Mayor Oreja, a la sazón sólo Presidente del PP de la Comunidad Autónoma Vasca aunque ya en la entradilla se afirmaba de él que era "un claro candidato a ministro del Interior". En ella, después de que Mayor Oreja afirmara en la CAV "no se cumple la ley", el entrevistador preguntaba:

He aquí lo que contestaba entonces Mayor Oreja:

"No, EN UN PRINCIPIO. Hay un trecho democrático y legal en el que se debe avanzar. HAY QUE PERSEGUIR JUDICIAL Y POLÍTICAMENTE A QUIENES MANDAN ETA DESDE KAS. Hay que acabar con la farsa jurídica de la certeza moral existente de que KAS manda en ETA y no hay capacidad jurídica para actuar. Pero eso no supone ilegalizar a HB, sino perseguir individualmente a quienes delinque. SE PUEDE TERMINAR EN LA ILEGALIZACION DE HB, pero no es ése el objetivo. LO QUE HAY QUE CONSEGUIR ES QUE QUIENES APOYAN A ETA VIVAN LA INCOMODIDAD POLÍTICA Y SOCIAL DESDE LA LEY" (Las mayúsculas son mías).

Ya ministro, Mayor Oreja intentó llevar a cabo esos propósitos. Es notorio que su ilegítima e inconstitucional presión sobre el Tribunal Supremo tuvo decisiva influencia en la inicua sentencia. Pero ha fracasado.

Invito a navegar a la web de la RED VASCA ROJA para ver más detalles sobre este asunto del ilegal e inconstitucional juicio contra la Mesa de HB. Hay una subsección a ello dedicada en la Sección "¿En Euskal Herria se prepara una revolución?"

Allí está el texto íntegro de la inicua sentencia del Tribunal Supremo. Recuerdo que la RED VASCA ROJA es la única publicación mundial (aparte del Boletín Oficial del Estado que tiene que hacerlo por imperativo legal) que la ha publicado íntegra.

También hemos publicado allí el texto íntegro de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

Y el texto íntegro de los votos particulares.

3. UN SEMIPINCHAZO DE "EL JULIAZO". AVATARES DEL ILEGAL E INCONSTITUCIONAL CIERRE DEL DIARIO EGIN Y DE LA EMISORA EGIN IRRATIA.